Es
un hecho que los pueblos indígenas hacen parte de la pluralidad existente en
las sociedades actuales. Las demandas advenidas de los indígenas es algo del
siglo XX y, en las dos últimas décadas de dicho siglo, se produjo un fenómeno de
organización de grupos indígenas para que fueran reivindicados sus derechos. Dichas organizaciones no
eran formadas sólo por liderazgos indígenas, sino también por una parte de la sociedad
civil, que acabó por participar de este proceso a través de ONG's, que a la vez tienen un papel muy importante tanto en la cuestión
indígena como en la cuestión de los Derechos Humanos.
Antes del siglo XX los pueblos indígenas fueron
masivamente exterminados, o simplemente tratados de manera negligente, como
componentes que no pertenecían a la sociedad. Los
derechos de los indígenas fueron puestos en debate con la emergencia de la
noción de derechos humanos, y principalmente con la divulgación de la
convención 169 de OIT, que buscó tratar de manera clara el asunto.
La
convención 169 fue determinante para el inicio del establecimiento de ideas involucrando
a los indígenas, como su representatividad, su participación en las instituciones
políticas, la justicia social, su sostenimiento económico, la autonomía y el pluralismo
tanto social (como participación e integración en la sociedad) como el jurídico,
atendiendo a sus costumbres y a las reglas propias de cada pueblo indígena.
Sin
embargo, todos estos puntos todavía siguen el camino del debate, ya que, en la práctica, se tardará algún tiempo para implementar cada una de dichas medidas. Aunque actualmente ya exista una red de organizaciones
activistas a favor de la causa indígena, bien como ya existan avances en muchas
cuestiones que antes ni siquiera eran tratadas, la verdad es que en muchos países
– principalmente de América Latina donde existe una mayor concentración de pueblos
indígenas – muchos de dichos puntos carecen de efectiva realización.
Tratándose
de la representación y de la participación política de los indígenas, hay
mucho que avanzarse. Actualmente, no es difícil darse cuenta de que los sistemas democráticos existente en muchos de
los países con población indígena no es capaz de garantizar dicho derecho de
representación y participación, motivando la creación de modelos diferentes
de participación por parte de los activistas. Además, también
es un hecho que exista una pequeña, casi nula, participación y representación
política de los indígenas dentro de las instituciones políticas.
Lógicamente
toda esta problemática también involucra cuestiones de diferencias lingüísticas
existentes, diferentes niveles de educación, acceso a las vías de participación
política (como locales con urnas de votación en el día de la votación, viabilidad
de los votos en referendos y también la formación de liderazgos o de partidos políticos
con condiciones iguales y reales en la competición por escaños en el Congreso),
como otros factores de extrema importancia para la efectiva participación de
los indígenas en la estructura de gobierno.
Con
todo, el gran problema consecuencia de la representación y participación
indígena en las instituciones políticas es que existe, en mi punto de vista, una
estructura ya hecha y que por muchos años simplemente ignoró la existencia
de los indios. Dicha estructura se choca muchas veces cuando se promueven fuertes protestas por parte de los indígenas, que pueden o no ser pacíficas. Por lo tanto, en mi
opinión, lo más adecuado sería haber una nueva formulación de las instituciones
y de su estructura cultural, para que mecanismos de integración política
indígena sean realmente efectivo. Esto debería ser acompañado por el desarrollo de mecanismos sociales de integración indígena, para que no ocurra un rechazo de
los indios por parte de la sociedad.
Ocurre lo mismo en relación al pluralismo legal, involucrando reglas y normas
jurídicas. Existe un enorme debate acerca de cómo realizar dicho proceso. La
convención 169 de OIT entiende que el reconocimiento integral de los derechos
de los indígenas deberá atender la ley de costumbres, pero no los especifica
claramente, permitiendo interpretaciones equivocadas por parte de los
gobiernos centrales. Muchas veces se entiende que la
cultura de los pueblos indígenas son contrarias a la cultura nacional del país,
como ocurre en Guatemala, donde hay constantes choques entre la cultura Maya y
la cultura nacional, ignorando el hecho de que el pueblo Maya constituye una
mayoría en dicho país. Puede que sea el punto más difícil de ser implementado dentro de una
estructura de un Estado de Derecho, pero es importante que sean desarrolladas interpretaciones
favorables al lo que establece la convención 169 de OIT, para que no se rompan otros
aspectos también importantes dentro de la integración indígena en la sociedad.
Aunque gran parte de las Constituciones de América Latina tengan algún reconocimiento de derechos de los indígenas, es evidente que
muchas veces el texto constitucional no tiene peso en la realidad. Aunado a lo
anterior, el reconocimiento completo de las normas legales
indígenas y sus prácticas involucran una profunda transformación en la manera de
pensar y de actuar, en el sentido de las actitudes racistas, lo que está
perfectamente correcto, pues no es raro que se encuentren hechos relacionados a los entes de la estructura judicial tratando a los indígenas de forma peyorativa.
Hay mucho lo que debatir sobre este tema, principalmente si nos alcanza el punto sobre la incidencia del neoliberalismo sobre las comunidades indígenas, la pobreza y la justicia social. Sin embargo, por la imposibilidad de su completa exposición aquí en este post, les dejo una crónica, que fue la que me motivó a escribir este comentario.
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