La ilegalización de partidos es un tema que desde que llegué a España me llama mucho la atención. No solo porque en Brasil yo no había escuchado hablar de esto, sino más bien por el procedimiento que esto es hecho, sus fundamentos, qué puede ser tan grave a punto de bloquear el pluralismo político y prohibir la existencia de un partido dentro de una democracia.
La Constitución Española determina que uno de sus valores superiores es el pluralismo político. Por lo tanto, hay la idea de tolerancia con ideologías y objetivos (y otros elementos, obviamente). No adentraré a al debate sobre la democracia militante (apasionante, altamente recomendable, aunque yo no esté exactamente de acuerdo con la doctrina mayoritaria sobre el tema), pero lo que trato de escribir en este post es porque me pareció acertada la sentencia del TC sobre Sortu.
La Ley de partidos, aprobada específicamente para ilegalizar a Batasuna (el brazo político del grupo terrorista ETA), cuenta con los procedimientos para dicho fin, siempre garantizado el debido proceso legal. Lo que ocurre es que la ley trae las actividades realizadas que puedan motivar la ilegalización de un partido de una manera muy genérica, muy amplia, pero que en la práctica deja mucho a cargo de la discrecionalidad y de la interpretación de los hechos. Todo en el afán de englobar todas las posibilidades de actuación de un partido a mando de un grupo terrorista
Es la sala especial del Tribunal Supremo el último (cuando no llega la cuestión al TC) a declarar la ilegalización de alguna fuerza política, como fue de esta vez. El último voto proferido por la ilegalización de Surto fue del ahora ex-presidente Carlos Dívar (que curiosamente ha dimitido esta mañana por sus escándalos de corrupción), y que ha definido que dicha fuerza política no podría tener su registro ante el Ministerio del Interior por su vinculación con Batasuna.
Había una clara división en dicha decisión - nueve votos a favor y siete en contra- que acabó en la denegación de la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que solo se ha creado para perseguir fraudulentamente la continuación de las actividades de Batasuna.
Un año después, viene el TC y profiere sentencia contraria al Supremo, reconociendo el derecho de Sortu a su inscripción como partido político, aunque todavía había una nítida división de opiniones entre sus miembros, con seis votos favorables a la legalización, y cinco en contra. La decisión se ampara en el hecho de que no es posíble ilegalizar a Sortu y afirmar que es la continuación de Batasuna de la manera como ha sido hecho, y que se trata de un nuevo partido fundamentado por la ideología de la izquierda abertzale (la izquierda radical), que ha cumplido con la función de rechazar los actos violentos practicados por ETA, y que ante esto dicha organización ya contaba con legitimidad constitucional para ejercer las funciones de un partido.
Un punto muy positivo de la sentencia del TC es que, por primera vez, se han establecido de manera objetiva y clara las conductas y actos que pueden conllevar la ilegalización de un partido posteriormente a su legalización. El reconocimiento a las víctimas del terrorismo y de las actitudes que frente a ellas puede significar un apoyo o reconocimiento de la actividad terrorista son su principal núcleo, y son estas dos que hacen que tanto la sentencia de Sortu como la anteriormente proferida sobre el caso de Bildu están correctas, en mi punto de vista.
No estoy de acuerdo con la ilegalización preventida de partidos. El art. 22 de la CE que trata sobre el derecho de asociación no puede ser sometido a un examen de "admisibilidad", donde se pueda evaluar si una asociación es democrática, y si otra no. Además de ser un derecho fundamental, la democracia por ser como es, permite toda y cualquier ideología, desde que se utilicen medios legales y democráticos para alcanzar sus objetivos.
Ahora bien, está comprobado que Bildu y Sortu han rechazado las últimas conductas delictivas de ETA. No solo esto, han dejado claro su apoyo a las victimas. Lo que sí es cierto es que su ideología se encuadra con la de la izquierda abertzale, basada en la independencia de la sociedad vasca. Es el nacionalismo radical que la izquierda vasca defiende y que está autorizado por la CE a existir. No es porque aboga por la independencia que sea un partido ilegal, o que sea el portavoz de ETA. Complementando esto, la propia ley de partidos establece todo un procedimiento para la ilegalización de una fuerza política posteriormente a su legalización. Mejor para el pluralismo político y para la democracia que se ilegaliza posteriormente, si es el caso.
Lo que no me pareció adecuado, o más bien un tanto antidemocrático fueron las declaraciones del gobierno sobre la sentencia. Defender que el TC debería volverse una "sala del Supremo" demuestra la falta de coherencia de los argumentos traídos para justificar la "indignación" por la legalización de Sortu, como también la idea de que "en tiempos de crisis se debería ahorrar alojando al TC como parte del Supremo". Sinceramente, son declaraciones innecesarias que solo refuerzan el rechazo que Sra. Aguirre tiene por parte de la sociedad. No ayuda, no fortalece las instituciones, y no hacen nada más que perjudicar el delicado momento en que España está cruzando.Para mí, correcta la sentencia del TC. Y debo confesar que es una de las únicas sentencias que me he puesto de acuerdo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario