Y Kosovo.... ¿mereció la pena la independencia?

Hacía algún tiempo que estaba yo buscando algo semejante a una explicación, muy clara y muy breve, sobre este proceso secesionista ocurrido no hace mucho en Europa.

Sugiero la lectura (aquí). Enjoy.

El eterno conflicto entre la realidad y el derecho: el caso de la sentencia del Tribunal Supremo y Access Info Europe

El tema de la transparencia en la Administración Pública es muy actual. No sólo a nivel europeo, sino también en el mundo. El endémico problema de la corrupción hizo que palabras como accountability y transparencia no salgan de la agenda política y del debate popular, principalmente en el tercer sector.

Actualmente el parlamento español está tramitando el nuevo proyecto de la ley de transparencia. Y su contenido se aleja considerablemente de una normativa más favorable a la transparencia. Sus variadas excepciones sobre los sujetos que están sometidas a dicha ley hace que dicho proyecto se vuelva un tanto opaco y quizás poco capaz de cumplir con su propósito. Además, cabe destacar que España no tiene una legislación específica sobre esto, aunque en el entendimiento del TS es de que sí que existe una norma que puede ser aplicada en este sentido (art. 37, LO 30/1992). Se trata de reglas poco detalladas, y que según el TS no permitiría afirmar que en España no existen leyes que regulen la cuestión del acceso a informaciones de la Administración Pública por parte de los ciudadanos.

En 2007, la ONG Access Info Europe (reconocido por ser actuante en la lucha contra la corrupción) formuló una petición al gobierno español sobre las medidas legislativas que estaban siendo adoptadas contra la corrupción, debido al convenio de España con la OCDE (Organisation for Econonomic Co-operation and Development). La Administración Pública simplemente no contestó al pedido, motivando la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de la ONG. Con el pedido nuevamente negado, la ONG recurrió al TS, que no solamente ratificó la sentencia impugnada, sino también condenó a la recurrente al pago de las costas, fijadas en el máximo de 3.000 euros.

La sentencia tiene una argumentación perfecta. Está debidamente fundamentada, y aunque reconozca que la Administración Pública debería haber contestado a la petición de la ONG, consideró que no se trataba de acceso a una información, sino más bien de un pedido de explicaciones. Este sentido estricto sobre qué sería una información puede ser invocado, aunque no se encuadre perfectamente en los dictámenes de una democracia transparente. Es decir, la sentencia está fundamentada correctamente en el derecho, pero no atiende a las necesidades de los nuevos tiempos, donde se debería privilegiar a la rendición de cuentas de la Administración Pública, no fomentar la oscuridad de sus datos. No soy muy adepta del activismo judicial, aunque reconozco que en casos así, lo más aconsejable sería interpretar la ley de manera más amplia, permitiendo que el interés público se sobresalga sobre el secretismo de la Administración Pública.

Para los que tengan la curiosidad de leer la sentencia: acceda aquí.

Pues ahora a esperar una eventual manifestación del Tribunal Constitucional o del TEDH, si provocados a ello.

Hay demasiado picante en las elecciones mexicanas: la duda sobre la legitimidad del resultado.

Antes de empezar este post, quiero dejar claro que soy neutra en el análisis de la política de México. Como he escrito muchas veces aquí en el blog, lo que me importa es la limpieza y legitimidad del proceso electoral. Así, no llegaré a criticar Peña Nieto o López Obrador. Análisis personal de los candidatos dejo para los politólogos, si así los lectores me permiten.

Lo que sí será el centro del análisis son las innumerables reacciones ante el resultado que declaró la victoria del PRI (Partido Revolucionario Institucional), y su retorno al poder después de 12 años de gobierno PAN (Partido Acción Nacional).

Luego por la mañana (en España) las noticias que venían eran muy contradictorias. El IFE (Instituto Electoral Federal) emitía los datos oficiales, pero con algo más de 60% de los votos contados informalmente ya se declaraba como vencedor a Peña Nieto. Obviamente que no fue el IFE que transmitió dicha información, pero aquí va mi primera crítica: no se asume un candidato como vencedor cuando todavía hay un margen matemático de cambio en los resultados. Me pareció precipitado que el PAN, a través de su candidata Josefina Vázquez Mota saliera públicamente admitiendo la derrota con dicho porcentual. Sin embargo, tampoco fue lo más grave que haya pasado.

AMLO, ya cargando sus traumas de haber enfrentado un fraude electoral histórico, no solo no reconoció la victoria del PRI, sino también pretende impugnar las elecciones. Además, no es solo AMLO que no admite el regreso del PRI. Hay muchas manifestaciones de repudio al resultado de las elecciones, tanto de parte de mis amigos que están en MX y ES, como en el internet. Incluso el movimiento "Yo Soy 132" salió a las calles protestando en contra de dichos resultados. He intentado leer la mayor cantidad de periódicos posibles, pero les confieso que las informaciones son demasiado dispares  que me hicieron dudar de casi todos. Sí, la duda también está presente en mi opinión.

Para reforzar el clima de incertidumbre, hay muchas denuncias de fraudes, historias de presidentes de casillas que han presenciado irregularidades, sospechas de masivas compras de voto, incluso se habla en robo de urnas electorales. Además, mientras ya se decía que Peña Nieto era el vencedor, todavía se recogían urnas por el país para el conteo. Como solía ser así la manera de actuar del PRI, la mayoría de los que dudan de la legitimidad del resultado afirma categóricamente que el partido ha vuelto a la política del clientelismo como forma de acceder nuevamente el poder.

Por otro lado, hubo una presencia también importante de muchos observadores internacionales. La delegación de OEA (Organización de los Estados Americanos) estuvo colaborando con los trabajos electorales y han declarado que el ambiente fue tranquilo y sin problemas, como también no han presenciado intentos de fraude. Junto a esto, reafirman la legitimidad y confianza en el IFE, de la misma manera que hacen otros organismos internacionales. Sin duda fueron las elecciones más vigiladas de la historia de MX.

La pregunta que me hago es: ¿Cómo es posible que el IFE tenga la credibilidad de otros organismos y entes públicos, y no tener prácticamente ninguna confianza de la sociedad? La población está convencida de que el IFE solo legitima resultados fruto de la actuación de la élite política en el país. De hecho, he escuchado incluso teorías de la conspiración en el sentido de que el PAN ha admitido tan rápidamente la derrota porque ya estaba acordado con el PRI de hacerlo. Sería como un acuerdo para la división del poder. (Desde ya digo que esto me parece un poco desproporcionado).

Otro punto que merece una reflexión: ¿Si realmente no hubo fraude, y el ambiente era de tranquilidad, cómo es posible haber tantas denuncias? Algo va mal en esto también. Uno u otra denuncia se aceptaría como parte de la dinámica política. Otra cosa es que exista esta cantidad de denuncias que fueron puestas a público.

Peña Nieto no ha dicho una sola palabra sobre AMLO o sobre las sospechas de fraude. Me parece peligrosa la decisión por el silencio, aunque quizás no haya llegado el momento de pronunciarse y él ha decidido por esperar que los ánimos se calmen. Sinceramente no creo que habrá alguna declaración de su parte.

Ahora, lo que sí me parece adecuado es que el IFE se pronunciara más rotundamente sobre el tema. Es la reputación y la autoridad de esta institución que está en jaque, y cuanto más los días pasan, más la sociedad se pone convulsionada. Esto sí que no es bueno ni siquiera para las instituciones mexicanas como un todo.

No puedo afirmar que hubo fraude. Vivo demasiado lejos para poder comprobar todo lo que he escuchado o lo que he leído. Pero puedo afirmar que hay una imprudencia en el manejo de la situación. México está pasando por una fase muy delicada y ya hay una crisis institucional importante. No es necesario que haya un agravamiento de ello.

Otro dato que me llamó la atención fue el grado de abstencionismo habido. Soy rotundamente en contra de no votar. Si no votamos, dejamos que la decisión sea tomada por otros. Es importante votar y expresar su voluntad, por más que las opciones no sean tan agradables. Dicho esto, los pocos más de 63% de participación en las urnas me pareció un indice muy bajo para la importancia de dichas elecciones. Pueden ser superiores a las previsiones antes hechas, de 60%, pero aún así creo que hay muchos factores que están por detrás de este dato. Esto merecería especial atención por parte de las instituciones de México. Al menos en mi humilde opinión. Sobre el tema, recomiendo la lectura del artículo sobre abstencionismo constante en el sitio web del IIDH-CAPEL.

Para terminar, quiero dejar aquí un pensamiento. De verdad que no deseo que se ponga en practica la estrategia del PRI de combate a los narcotraficantes, de la manera como se ha expresado en la campaña. En este punto Calderón estaba correcto en buscar a los jefes de los carteles y no sus componentes de  rango inferior. Si el PRI se restringe solo a la organización y no a sus jefes, hay una fuerte sospecha de "acuerdo" con el crimen organizado, en el sentido de "ustedes continúan ganando, les damos condiciones para esto, desde que se reduzca la violencia". Es una actitud peligrosa que a largo plazo no colabora para la mejora del país.

Ahora estoy lista para recibir todas las críticas que creéis importantes. Me gustaría mucho recibir un feedback de este post.

PS: voy a abstenerme de comentar sobre la influencia de los medios en la victoria de Peña Nieto. Merecería un post solo para esto.

PS 2: Tampoco comentaré sobre los gastos de campaña de Peña Nieto, que han claramente pasado el límite permitido. Otro punto que el IFE debe actuar.

La monarquía española se encuentra en uno de sus momentos más complicados. Ya no cuenta más con la fuerza de la realeza de antaño, y mucho menos es determinante para asuntos importantes para el país.


Muchos de mis amigos dicen que el Rey Juan Carlos fue determinante para la redemocratización de España. De acuerdo. Pero pensar que su figura ha ayudado a instaurar un nuevo régimen en favor de la sociedad, esto ya tengo mis dudas.


Juan Carlos, de una cierta manera, ha permitido que a ala franquista siguiera actuando en el nuevo régimen, y las evidencias son bastante presentes. Es suficiente que se note el conservadurismo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (precedida por el Real Decreto Ley 20/77), o incluso algunas lagunas que la Constitución Española posee, necesarias para abarcar el "pluralismo político" que el país auguraba en la época.


Así que, el glorioso momento de que Juan Carlos ha proferido la célebre frase para Hugo Chávez del "¿porqué no te callas?" o de sus mensajes navideños (que confieso que en mi primer año aquí me ha tocado la emoción), no evitaron que la nobleza se involucrara en el más reciente escándalo de corrupción: el caso Urdangarin. El duque de Palma está en el centro de una presunta red que involucra contratos poco transparentes (y en este caso también compromete al partido del actual gobierno, el PP); recursos económicos sin claras justificativas, facturas fictícias; y envíos de dinero al exterior al borde del control fiscal. 


La querella prosigue, con las declaraciones de los imputados, muchas negaciones (como no podría dejar de ser), y alcanza un Poder Judicial ya desgastado últimamente tanto por el caso Gürtel, como por la condena (insisto en decir: absurda) del ex-juez Baltasar Garzón. El hecho - fuertemente negado por la porta-voz del Supremo, Dña. Gabriela Bravo - indica que hay una amenaza de una crisis. Por más que se diga que, Si bien el Consejo General del Poder Judicial "siempre se ha manifestado a favor de pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales", ha subrayado la portavoz, esta debe ser motivada y no suponer "un ataque a la institución" ni a las personas que la representan. "El ataque personal y desgaste a las personas que representan la institución es inexcusable".


Hum... no sé... basta un único ejemplo (en mi opinión) para saber si es válida dicha declaración: fue negado a Garzón el derecho de recurrir a un tribunal superior, debido a su naturaleza de aforado, siendo una excepción al art. 2 del protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Sin embargo, el duque de Palma pudo realizar, durante un fin de semana, una declaración ante el juez de su caso, por más de 22 horas. Según su fundamento, cabría al juez instructor dicha providencia, tratándose de un "caso complejo".


Vaya...