El caso Garzón, la corrupción y la dictadura


Este definitivamente es uno de los temas que amargaron los días de muchos españoles últimamente. No es suficiente la crisis económica que devasta literalmente la rutina, la falta de condena de Francisco Camps en el caso Gürtel, o incluso el movimiento del 15-M frustrado ante las elecciones generales del 12-N y la reacción totalmente desproporcionada por parte de la policía en contra de los estudiantes. Cuando el asunto lleva el nombre de Baltasar Garzón, sobran lamentaciones.

No es por acaso. Es casi que indudable que este "super" juez español fue víctima de aquellos que tienen mucho que esconder. Garzón tenía una posición muy firme sobre las cosas. Participó de grandes momentos políticos no sólo de España, como las investigaciones sobre ETA y la suspensión de su brazo político, el partido Herri Batasuna, pero también ha colaborado activamente en las investigaciones de los crímenes practicados durante las dictaduras de Argentina y Chile. Además, también fue asesor del Tribunal Penal Internacional de Haya y diputado por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Lo que no esperaba era que su renombrada carrera iba a terminar como hace casi un mes.

Implicado en la investigación del caso Gürtel que involucra al Partido Popular (que actualmente detiene la mayoría absoluta en el Parlamento) en delitos de corrupción como tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal, acabó por ser imputado por los investigados por prevaricación por escuchas ilegales, usurpación de competencias (por su investigación de los crímenes del franquismo), como también prevaricación por los beneficios obtenidos para realizar estudios, estando financiado por el banco Santander. Clara estaba la situación: era una persona "peligrosa", y el argumento de que un ex-diputado del PSOE no tenía la imparcialidad necesaria para juzgar un caso de corrupción del PP fue fácilmente utilizado. Como había cerca de 43 imputados de altos cargos, la fiscalía y el PP lograron pasar el caso para los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid. En este tiempo, Garzón ordenó la realización de escuchas ilegales, posteriormente anuladas por dichos tribunales, motivando la presentación de querella por supuesta prevaricación e invasión de la intimidad ante el Supremo.

Como era previsto, en 9 de febrero de 2012 Garzón fue condenado por el Supremo a 11 años de inhabilitación de su cargo de juez, con la pérdida formal definitiva de este. Dicha sentencia fue confirmada por el Consejo General del Poder Judicial, por 20 votos de 21 de sus miembros.

En el día de hoy, el Supremo ha sentenciado en la querella de usurpación de competencia por la investigación de los crímenes del franquismo ya que en su punto de vista, aunque Garzón tenga se equivocado, no ha prevaricado, siendo absuelto. Sin embargo, para quién ya ha sufrido la primera condena, esta en realidad nada significaría.

Su error fue involucrarse en la política. Y también está claro que erró al "meterse" con las personas equivocadas. Lo que sí es cierto es que no hay razones plausibles que puedan justificar la condena que le fue impuesta, aún más en la demanda involucrando una nítida situación de corrupción. Además, la imagen que fue transmitida al mundo es que los corruptos (en este caso representado principalmente por Camps) siguen impunes, y aquellos que defienden las instituciones son los castigados. Pierden todos: el país por su credibilidad, la sociedad por su confianza, la democracia por su debilidad.

No se sabe si Garzón recurrirá a Estrasburgo, pero si llega a hacerlo, seguramente contará con un masivo apoyo popular. Y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos suelen ser más atentas a aspectos tan delicados. No sé lo que vendrá, pero deseo que la cuestión realmente sea debatida ante el TEDH.

Sin embargo, antes de terminar, nao podría dejar de aclarar que no soy a favor de escuchas ilegales. Tampoco de usurpación de competencias. No soy admiradora del dicho de que los fines justifican los medios. Pienso solamente que en este caso hubo la utilización de las instituciones para silenciar quien tenía el coraje de denunciar los delitos habidos tanto entre los altos cargos, como en el propio franquismo, que hasta los días de hoy es una caja negra en la historia española. Y seguramente no estoy aislada en mi posición...