La monarquía española se encuentra en uno de sus momentos más complicados. Ya no cuenta más con la fuerza de la realeza de antaño, y mucho menos es determinante para asuntos importantes para el país.


Muchos de mis amigos dicen que el Rey Juan Carlos fue determinante para la redemocratización de España. De acuerdo. Pero pensar que su figura ha ayudado a instaurar un nuevo régimen en favor de la sociedad, esto ya tengo mis dudas.


Juan Carlos, de una cierta manera, ha permitido que a ala franquista siguiera actuando en el nuevo régimen, y las evidencias son bastante presentes. Es suficiente que se note el conservadurismo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (precedida por el Real Decreto Ley 20/77), o incluso algunas lagunas que la Constitución Española posee, necesarias para abarcar el "pluralismo político" que el país auguraba en la época.


Así que, el glorioso momento de que Juan Carlos ha proferido la célebre frase para Hugo Chávez del "¿porqué no te callas?" o de sus mensajes navideños (que confieso que en mi primer año aquí me ha tocado la emoción), no evitaron que la nobleza se involucrara en el más reciente escándalo de corrupción: el caso Urdangarin. El duque de Palma está en el centro de una presunta red que involucra contratos poco transparentes (y en este caso también compromete al partido del actual gobierno, el PP); recursos económicos sin claras justificativas, facturas fictícias; y envíos de dinero al exterior al borde del control fiscal. 


La querella prosigue, con las declaraciones de los imputados, muchas negaciones (como no podría dejar de ser), y alcanza un Poder Judicial ya desgastado últimamente tanto por el caso Gürtel, como por la condena (insisto en decir: absurda) del ex-juez Baltasar Garzón. El hecho - fuertemente negado por la porta-voz del Supremo, Dña. Gabriela Bravo - indica que hay una amenaza de una crisis. Por más que se diga que, Si bien el Consejo General del Poder Judicial "siempre se ha manifestado a favor de pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la crítica de las actuaciones judiciales", ha subrayado la portavoz, esta debe ser motivada y no suponer "un ataque a la institución" ni a las personas que la representan. "El ataque personal y desgaste a las personas que representan la institución es inexcusable".


Hum... no sé... basta un único ejemplo (en mi opinión) para saber si es válida dicha declaración: fue negado a Garzón el derecho de recurrir a un tribunal superior, debido a su naturaleza de aforado, siendo una excepción al art. 2 del protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Sin embargo, el duque de Palma pudo realizar, durante un fin de semana, una declaración ante el juez de su caso, por más de 22 horas. Según su fundamento, cabría al juez instructor dicha providencia, tratándose de un "caso complejo".


Vaya...