Los desahucios en España, los inmigrantes, y Ecuador

Ayer me sorprendí con una nota de periódico en la que se noticiaba la aprobación de una ley ecuatoriana, que objetivaba "proteger" el derecho a la vivienda de ciudadanos ecuatorianos. (Para acceder al texto de la ley, aquí). Se trata de la Ley Orgánica para la regulación de créditos para vivienda y vehículo.

Por medio de dicha Ley, que tiene como principal justificación evitar una eventual burbuja inmobiliaria en el país, la entrega del inmueble garantiza el pago integral de la deuda contraída, sin que reste valores a pagar posteriormente. La entrega salda la deuda.

También, el gobierno de Ecuador ha prohibido que las deudas que sus ciudadanos contraigan en el extranjero pueda suponer el embargo de su patrimonio que está en Ecuador. Es decir, en la misma ley se prohíbe que las sentencias extranjeras originadas en créditos con garantía hipotecaria de vivienda situada fuera de Ecuador, que persigan el embargo y posterior remate de bienes de ecuatorianos no caucionados para dichos créditos, sean ejecutados en territorio nacional.

Es un hecho de que la comunidad ecuatoriana es una las que más está sufriendo con los efectos de la crisis económica española. Existe un amplio número de inmigrantes ecuatorianos que han venido a España en las últimas décadas, y que ahora están desamparados, ya que muchos han perdido sus empleos y, como consecuencia de esto, están perdiendo sus viviendas adquiridas en el "boom" inmobiliario antes habido.

Resulta que muchos bancos, objetivando cobrar las deudas contraídas con dichos inmigrantes, pretendían también reclamar el pago de dichas deudas a partir del embargo de las propiedades de estos mismos inmigrantes en su país de origen. Aunque se traduzca en un procedimiento judicial complejo, es cierto que existe esta posibilidad.

No hay números oficiales sobre cuántos inmigrantes están siendo afectados por los desahucios, o cuántos realmente que podrían tener sus bienes perseguidos en Ecuador. Ahora bien, si hay esta posibilidad para los inmigrantes de Ecuador, por obvio que existe esta amenaza para los inmigrantes de otros países.

El objetivo de la ley tiene un carácter muy humanitario, teniendo en cuenta el drama de tantos ecuatorianos en España, y no parece que dicha ley haya sido aprobada específicamente para estos casos, aunque el caso español está debidamente mencionado en su proyecto de ley. Con todo, ¿cómo no dudar de las intenciones de Rafael Correa?

Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador serán celebradas en febrero del año próximo, y como buen candidato a la reelección y por sus "precedentes" electorales, hace que muchos ciudadanos tengan dudas sobre la real razón para la aprobación de dicha ley.

Particularmente, no creo que pueda existir política sin algún tipo de juego de interés, lo que me conduce a la conclusión de que Correa actúa pensando en su futuro político. De todos modos, considerando lo que está pasando en España y con los ciudadanos ecuatorianos aquí, pienso que esta prohibición viene en buena hora, no importando su real motivación. Lo que sería ideal es que no haya ningún cambio normativo posterior a las elecciones, cualquiera que sea su resultado. Solamente así que los ciudadanos estarían realmente respaldados por la ley.